Centro de Formación Ciudadana de Santiago
| Con la excepción de Conchalí, donde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos asumió proactivamente la tarea de demandar la oportuna y adecuada puesta en marcha de los cambios en la gestión comunal derivados de la entrada en vigencia de la Ley 20.500, las comunas de la Región Metropolitana Norte están al debe en la aplicación de esta nueva legislación sobre participación ciudadana. |
El análisis se efectuó en el Seminario “Evaluación ciudadana de la puesta en marcha de la Ley de participación ciudadana en la gestión pública (20.500) en el ámbito comunal”, realizado el Sábado 11 de Mayo en el Antiguo Hospital San José, Comuna de Independencia. El Seminario fue organizado por el Centro de Formación Ciudadana de SEPADE Santiago, y convocado en conjunto con la Mesa Ciudadana de Seguimiento de la Ley 20.500, la Asamblea Ciudadana de Independencia, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Conchalí, y el Consejo de Salud de la Región Metropolitana Norte.
La actividad contó con la participación de 38 mujeres y 25 hombres, entre dirigentes sociales e integrantes de algunos Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) ya constituidos, provenientes de las comunas de Til Til, Lampa, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Recoleta, Independencia, Renca y Quinta Normal. También estuvo presente una delegación de las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz y Chiguayante, de la Región del Biobío, como parte de una gira técnica de intercambio organizada por el Centro de Formación Ciudadana de SEPADE Concepción.
El Seminario se inició con un interesante y motivador panel que incluyó una visión panorámica sobre el contexto actual para la participación ciudadana en Chile y sobre los aspectos centrales de la Ley 20.500, por Danae Mlynarz, consultora y docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; una presentación sobre los avances en la aplicación de la Ley 20.500 en otros niveles y ámbitos de gobierno, por Enrique Cisternas, presidente de la Junta de Vecinos C11, de Las Condes, y miembro de la Mesa Ciudadana de Seguimiento de la Ley 20.500; y una presentación sobre la experiencia de constitución y funcionamiento del COSOC de Conchalí, por Rosemary Contreras, primera directora de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de dicha comuna.
En el diálogo se manifestó un amplio consenso en que, no obstante sus muchas limitaciones, la Ley en consideración representa un avance en el sentido de que es la primera que reconoce explícitamente la participación ciudadana en la gestión pública como un derecho, y porque abre espacios que en la medida que la ciudadanía los ocupe efectivamente, permitirá avanzar hacia una democracia participativa. Sin embargo, ello no ocurrirá a menos que la ciudadanía se informe sobre sus derechos y los ejerza proactivamente.
La evaluación sobre los avances en la puesta en marcha de la nueva institucionalidad participativa en las comunas de la Región Metropolitana norte, se efectuó en cuatro talleres en los que se distribuyeron las y los participantes. La conclusión fue que, con la excepción de Conchalí, donde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos asumió proactivamente la tarea de demandar la oportuna y adecuada puesta en marcha de los cambios en la gestión comunal derivados de la entrada en vigencia de la Ley 20.500, las comunas de la Región Metropolitana Norte están al debe en la aplicación de esta nueva legislación. Mientras en algunas comunas simplemente no ha pasado nada, en otras la Ley se ha aplicado apenas formalmente, sin una voluntad efectiva de promover la participación ciudadana.
De lo anterior se desprende la necesidad de mejorar el nivel de conocimiento de sus derechos por parte de la ciudadanía, y de capacitación para sus dirigentes sociales, de manera que sea la propia ciudadanía organizada la que exija el respecto a su derecho de participación en la gestión pública, como ocurrió en el caso de Conchalí.